Quito y el dilema de las dos alcaldías:

Mucho se ha criticado en estos días al alcalde y a los concejales de Quito por la penosa disputa que tienen por el mando del cabildo capitalino.

Y es que ya se veía venir una administración complicada con un representante criollo del superado correísmo, que quedó al mando de una ciudad que además de rechazar los actos de corrupción evidenciados por nuestra frágil justicia penal, una buena parte también rechaza sus orígenes criollos.

Solo eso explica una elección popular tan fraccionada, y quizás eso mismo explica que el pueblo no esté multitudinariamente en las calles reclamando lo que a los mas ilustrados les parece una necesidad urgente, y para algunos actores de la política nacional mas parece un capricho que debe proceder como sea y sin mas demoras.

Pero eso nunca está bien, así que veamos -objetivamente hablando- 3 cuestiones que tenemos que entender primero, y tras eso las alternativas viables:

  1. No existe un conflicto entre lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral y lo resuelto dentro de la acción de protección. 

Y es que no puede haber un conflicto entre estas resoluciones, en razón de que sus particulares enfoques son diametralmente distintos; hasta opuestos, si se quiere.

El Tribunal Contencioso Electoral realiza un análisis desde el incumplimiento normativo, y la acción de protección precisamente parte de la premisa de que no se trate de una discusión mera legalidad, y superado este análisis, que se haya verificado una vulneración a derechos consagrados en la Constitución.

En todo caso, la justicia constitucional está -por jerarquía normativa- indiscutiblemente por sobre la justicia ordinaria, por muy contencioso electoral que sea. 

  • Si se violentó el principio de imparcialidad como garantía del debido proceso al haber calificado el pedido de remoción, cuando uno de los que lo propone, es quien lo califica, vota sobre el mismo y es quien termina asumiendo el cargo. 

Tanto es así que el alcalde interpelado, que también formaba parte de la comisión de mesa, previo al trámite de la acción es separado de la misma; bajo esa misma óptica, lo justo era que el propio vice alcalde Guarderas también se excuse de formar parte de la comisión de mesa, o bien pudo abstenerse de firmar el pedido de remoción. 

  • La Corte Constitucional puede resolver esto, puesto que siempre que exista un control de constitucionalidad que hacer, ésta puede intervenir; y así lo supone el proceso de selección de sentencias que previene la ley. Pero por si acaso, esto ni es obligatorio, ni tienen por qué apurarse en hacerlo, pues existen algunos años de retraso y cientos, sino miles de procesos a la espera de un pronunciamiento.  

Al final del día en lo jurídico nos quedamos con un intento fallido de remoción y en lo político con un desgaste irremediable a la confianza y credibilidad de sus instituciones, y ante ello la falta de una respuesta popular tangible.

Pero siempre hay alternativas, y en esto caso lo es la revocatoria del mandato que se encuentra prevenida por la Constitución, y hasta que eso ocurra el diálogo entre las partes para que el desarrollo de la capital no siga indefinidamente a la espera de un desenlace entre actores políticos que lo único que han demostrado es que no están a la altura de las circunstancias. 

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