Quito y el dilema de las dos alcaldías:

Mucho se ha criticado en estos días al alcalde y a los concejales de Quito por la penosa disputa que tienen por el mando del cabildo capitalino.

Y es que ya se veía venir una administración complicada con un representante criollo del superado correísmo, que quedó al mando de una ciudad que además de rechazar los actos de corrupción evidenciados por nuestra frágil justicia penal, una buena parte también rechaza sus orígenes criollos.

Solo eso explica una elección popular tan fraccionada, y quizás eso mismo explica que el pueblo no esté multitudinariamente en las calles reclamando lo que a los mas ilustrados les parece una necesidad urgente, y para algunos actores de la política nacional mas parece un capricho que debe proceder como sea y sin mas demoras.

Pero eso nunca está bien, así que veamos -objetivamente hablando- 3 cuestiones que tenemos que entender primero, y tras eso las alternativas viables:

  1. No existe un conflicto entre lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral y lo resuelto dentro de la acción de protección. 

Y es que no puede haber un conflicto entre estas resoluciones, en razón de que sus particulares enfoques son diametralmente distintos; hasta opuestos, si se quiere.

El Tribunal Contencioso Electoral realiza un análisis desde el incumplimiento normativo, y la acción de protección precisamente parte de la premisa de que no se trate de una discusión mera legalidad, y superado este análisis, que se haya verificado una vulneración a derechos consagrados en la Constitución.

En todo caso, la justicia constitucional está -por jerarquía normativa- indiscutiblemente por sobre la justicia ordinaria, por muy contencioso electoral que sea. 

  • Si se violentó el principio de imparcialidad como garantía del debido proceso al haber calificado el pedido de remoción, cuando uno de los que lo propone, es quien lo califica, vota sobre el mismo y es quien termina asumiendo el cargo. 

Tanto es así que el alcalde interpelado, que también formaba parte de la comisión de mesa, previo al trámite de la acción es separado de la misma; bajo esa misma óptica, lo justo era que el propio vice alcalde Guarderas también se excuse de formar parte de la comisión de mesa, o bien pudo abstenerse de firmar el pedido de remoción. 

  • La Corte Constitucional puede resolver esto, puesto que siempre que exista un control de constitucionalidad que hacer, ésta puede intervenir; y así lo supone el proceso de selección de sentencias que previene la ley. Pero por si acaso, esto ni es obligatorio, ni tienen por qué apurarse en hacerlo, pues existen algunos años de retraso y cientos, sino miles de procesos a la espera de un pronunciamiento.  

Al final del día en lo jurídico nos quedamos con un intento fallido de remoción y en lo político con un desgaste irremediable a la confianza y credibilidad de sus instituciones, y ante ello la falta de una respuesta popular tangible.

Pero siempre hay alternativas, y en esto caso lo es la revocatoria del mandato que se encuentra prevenida por la Constitución, y hasta que eso ocurra el diálogo entre las partes para que el desarrollo de la capital no siga indefinidamente a la espera de un desenlace entre actores políticos que lo único que han demostrado es que no están a la altura de las circunstancias. 

Ecuador unitario y plurinacional

Cuando la sociedad ecuatoriana se dio a si misma una nueva cosmovisión a través de la Asamblea Constituyente en Montecristi, aprobó una Constitución cuyo primer artículo define al estado ecuatoriano -entre otras cosas- como un estado unitario y plurinacional. 

Por definición un estado unitario es lo opuesto a un estado federal; en tal virtud se fundamenta en la concentración del poder, cuyo ejercicio se extiende a lo largo de todo su territorio. Existe en consecuencia un solo derecho, un único gobierno y un territorio inalienable. 

Por otro lado, la plurinacionalidad del estado ecuatoriano implica el reconocimiento de la coexistencia de múltiples visiones culturales, lo que no debe prestarse a confusiones separatistas; en un mismo estado no pueden existir varias naciones, y nación no es lo mismo que nacionalidad.

La propia Constitución garantiza que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político que une a las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. En consecuencia la nacionalidad ecuatoriana es una sola y no admite discriminaciones. 

La dirigencia indígena desconoce estas diferencias, y ha proclamado públicamente sus intenciones de constituir su propio territorio y ejército, cuando la propia Constitución garantiza que el territorio del Ecuador (constituido por el espacio continental, marítimo e insular) es inalienable, irreductible e inviolable, y no contempla asidero legal alguno para la proclamación de un ejército indígena, lo que por cierto constituye una conducta prevenida y sancionada por el Código Orgánico Integral Penal como delito de rebelión.

Ahora bien, toda vez que la dirigencia indígena ha presentado ante la asamblea nacional un proyecto de modelo económico y social a nombre de los 16 millones de ecuatorianos, me permito recordarles que nos encontramos a escasos meses de un proceso electoral; en tal virtud en vez de paralizar y destruir el país con su cobarde e irracional violencia, tengan la entereza de presentar su modelo y candidaturas a las dignidades de gobierno para que sea el pueblo que dicen representar quien les responda en las urnas.   

El abuso infantil no es asunto de risa:

Ayer leíamos con tristeza, vergüenza ajena y preocupación dos casos de abuso infantil protagonizados -nada mas y nada menos- que por las propias madres de las víctimas, a las que afortunadamente la justicia cuando menos les ha quitado la custodia de sus hijos. 

Me refiero al caso de la ex pareja de Enner Valencia, que fue arrestada por haber dejado a su hija de 7 años encerrada dentro de un vehículo en el parqueo de un casino, y el caso del menor de 8 años que fue encontrado encadenado a una silla en un barrio del sur de Quito.

Ambos casos, que por cierto no son aislados, y que parecen secundarios frente a los abusos sexuales que con alarmante frecuencia son perpetrados por los parientes cercanos de los menores abusados, nos hacen reflexionar sobre el estado actual de la salud mental de la sociedad ecuatoriana.

Y digo esto porque al menos yo no puedo entender semejante maldad, sino desde la psicopatía criminal. 

Es evidente que los esfuerzos por proteger a la niñez, que es considerada como un sector vulnerable y en consecuencia amparado por la Constitución y las leyes, han sido insuficientes; quedando además en evidencia que no se han preocupado por atacar el problema de raíz.

Nuevamente debo decir que se le carga injustamente a la Ley la solución de un problema que es integral, de tal suerte que de nada servirá que cada cierto tiempo se legisle a favor de los sectores vulnerables si no se hace nada mas al respecto.Curiosamente como un corolario de la demencia y la violencia que invade nuestra sociedad, hace poco se estrenó en el cine una película que las reseña con brutal actualidad y realismo; me refiero a la magistral interpretación de Joaquín Phoenix del personaje conocido como El Guasón, villano que en la serie de ficción se ríe a carcajadas, mientras nosotros en la vida real debemos darnos cuenta que el abuso infantil no es asunto de risa. 

La adicción a las drogas, crisis de salud pública en manos de centros privados

Cuántas veces no nos hemos enfrascado en una discusión relacionada con la legalización de las drogas? Quienes están a favor de la legalización se respaldan en estadísticas, mientras que quienes se oponen se plantean mas que nada un debate moral. 

No importa cual sea nuestra opinión al respecto, ni para los efectos de este análisis buscarle responsables; como sea, es innegable que la política legislativa de reducción de penas y la política administrativa sobre el manejo del consumo no solo que no funcionaron, sino que masificaron el microtráfico y el consumo en menores de edad, agravando una crísis de salud pública y de seguridad que el estado no parece tener la mínima idea de cómo enfrentar.

De nuevo, sin importar si estamos a favor de la legalización de las drogas o no, la solución parte desde el establecimiento de clínicas de rehabilitación con personal y recursos suficientes para atender a las victimas de esta crisis.

En contraste, la realidad es que en todo el país hay apenas 41 centro de rehabilitación acreditados, frente a mas de 200 clínicas que se encuentran en proceso de hacerlo, pero cuyos propietarios denuncian trámites engorrosos y altos costos.   

En medio de todo esto vemos en las noticias, con alarmante cotidianidad, como se producen incendios de clínicas de rehabilitación que dejan decenas de muertos y revelan testimonios de los horrores que se viven en estos centros privados, que al final del día es todo lo que la ciudadanía tiene.     

Entonces no se entiende que el Gobierno no invierta en esta grave necesidad que está hipotecando el futuro del país, por lo que al parecer también hace falta un proceso de rehabilitación, pero de la conciencia de muchos de nuestros políticos.

La insurgencia nos robó la inocencia

En estos días que se ha hablado mucho sobre el levantamiento indígena y la insurgencia que se produjo alrededor del mismo, hay que aclarar -o mas bien recordar- que insurgencia es conceptualmente lo mismo que rebelión, y en nuestra legislación la rebelión es un delito contra la seguridad pública.

A lo largo del levantamiento indígena se han cometido un sinnúmero de delitos, frente a los que la tan desprestigiada justicia nacional no ha respondido como manda la Constitución, es decir con igualdad ante la ley.

Así, vemos como no ha pasado nada contra una dirigencia indígena que ha incitado, secuestrado, agredido, saboteado, y hasta ha anunciando públicamente la formación de un ejército propio, en lo que parece ser una carrera por lograr una candidatura por los movimientos indígenas en las próximas elecciones.

Por el contrario, todo el rigor de la ley si ha caído sobre varios actores políticos correistas, por encontrarse vinculados con la organización de la insurgencia, lo que considero que esta bien; lo que no está bien es que entre quienes constitucionalmente se suponen iguales, no exista el mismo trato.

En medio de todo esto nos ha caído de sorpresa el grado de violencia que se produjo en el país, violencia que se ha replicado en Chile, Argentina, Bolivia, Panamá y parece no detenerse a lo largo de América latina.Y aunque algunos anticiparon lo que está pasando, a la mayoría de nosotros aun nos cuesta creer que esto ha sido posible, hasta que llegó el día en que Quito -que alguna vez fue luz de América por encender la mecha de la libertad-, ha pasado a ser nuevamente la chispa, pero esta vez de uncontinente sumido en la violencia, en medio de una insurgencia que parece habernos robado la inocencia.

De las reformas al Código Orgánico Integral Penal

Luego del segundo debate de la Asamblea Nacional, es importante recordar que las reformas al Código Orgánico Integral Penal son las siguientes:

Se legalizó la tenencia de cannabis con fines medicinales, y se endurecieron las penas para el tráfico de estupefacientes en casos de mínima y mediana escalas. Las penas por tráfico de alta y gran escala no se reformaron.  

Pasó la difusión de imágenes de los autores de delitos contra la vida, sexuales, de violencia contra la mujer y la familia, robo con muerte, sicariato, trata de personas y tráfico de migrantes, siempre que éstos se produzcan en flagrancia.

El controversial comiso sin sentencia, se transformó en el comiso de bienes en propiedad de testaferros, pero no sin sentencia. 

Sobre el maltrato animal se sustituyó el trabajo comunitario por penas privativas de libertad y se agregaron a la casuística las peleas de animales y el abandono. 

Las propuestas sobre la despenalización del aborto y la incautación de bienes provenientes de la corrupción no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, y en consecuencia se encuentran para el análisis del veto presidencial, cuyo entorno cercano ha puesto de manifiesto la intención de buscar la forma de reincorporarlos mediante el veto, ya veremos.

El país entero está atento al veto presidencial, pero en lo personal me queda claro que las reformas no serán la solución a la delincuencia, la inseguridad, la corrupción y demás. Por un lado pienso que las reformas no guardan relación con éstos problemas, y por el otro, no importa cuanto reformen la ley mientras se permita que abogados, fiscales y jueces la manipulen impunemente. 

La Contraloría en llamas

Estamos a las puertas de concluir la segunda década del siglo 21 y con seguridad nos encontraremos entre los hechos e imágenes que la marcaron, al edificio de la Contraloría General del Estado en llamas en medio de un escenario de un Quito apocalíptico nunca antes visto.

Esta noticia que ha recorrido el mundo entero no parece haber causado en nuestra sociedad el impacto que corresponde. No debemos olvidar que la Contraloría General del Estado, constitucionalmente es uno de los organismos que integran la Función de Transparencia y Control Social, cuya función principalmente es promover el control de las entidades y organismos del sector público, y prevenir y combatir la corrupción.

De hecho, según lo define la Constitución de la República del Ecuador la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, es decir de señalar a la Fiscalía los indicios por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y demás delitos relacionados con la administración pública.

No puede pasar por alto que estos hechos ocurrieron en medio de un estado de excepción y de un toque de queda, y que fueron cometidos por alrededor de 30 encapuchados que hoy se encuentran procesados por terrorismo y que enfrentan una pena de hasta 13 años de prisión, al haber irrumpido en un edificio público y provocado deliberadamente el incendio y destrucción de información que documenta actos de corrupción.

Quedará registrado en nuestra memoria cómo la muchedumbre impidió el trabajo de los bomberos, lo que por cierto también es una infracción penal autónoma, o en el mejor de los casos, les atribuye responsabilidad en el grado de coautores o cómplices del terrorismo.

En fin, quizás este destino -el de arder en llamas en manos del pueblo- le sobrevino a la Contraloría tras ser una entidad cómplice de años de corrupción en el mas grande saqueo registrado en la historia del país, y si lo vemos así, quizás la Contraloría estaba en llamas hacía ya algún tiempo atrás.

Plurinacionalidad y violencia… nada nuevo

Hace poco mas de 12 años, se instaló en Montecristi – Manabí la Asamblea Constituyente que por decisión de la ciudadanía expresada en consulta popular, redactó un nuevo texto constitucional, reconociendo dentro de éste al Ecuador como un estado intercultural y plurinacional.

Como consecuencia de esta novedad surge dentro de nuestro ordenamiento jurídico la justicia indígena, reconociendo a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas jurisdicción con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio.

La justicia es un concepto jurídico, tan antiguo como el derecho mismo, y de hecho evidentemente arraigado a su definición etimológica (ius-iustitia). Ulpiano la definía como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces ¿qué diferencia a la justicia indígena? … nada mas que quien la imponga sea una autoridad indígena y que las reglas para hacerlo sean aquellas que constituyen “su propio derecho”.

Es así como al conferirle jurisdicción (que es la facultad de administrar justicia) a las autoridades indígenas y reconocer la existencia de un derecho propio, se produjo un retroceso en la evolución del derecho nacional, rompiendo el principio de la unidad jurisdiccional que implica que solamente la Función Judicial podrá desempeñar funciones de administración de justicia. 

Con esto, desde la expedición de esta novedosa Constitución quedaba claro que el Ecuador no tendría una vida jurídica ni política uniforme.

Hoy, vimos como un acto administrativo como lo es la expedición de un decreto ejecutivo sacó a la luz esta triste realidad. Y fuimos testigos de cómo los indígenas se tomaron el país y exigieron violentamente y alejados del ordenamiento jurídico la derogatoria del decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles.

El caso es que frente a lo que pueda parecer un abuso del estado ecuatoriano nuestra legislación presenta herramientas de defensa como lo son los recursos jurisdiccionales ordinarios y las garantías constitucionales como la acción de protección, medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad.

Vale la pena preguntarse entonces, por qué las comunidades indígenas tienen derecho a exigir violentamente la derogatoria de un decreto ejecutivo, cuando existen vías regulares a las que todos los demás nos encontramos sometidos?  Y es que hasta resulta irónico que anoche el propio líder indígena Jaime Vargas pidiera, luego de 10 días de terrorismo, sabotaje, secuestros, daño a propiedad ajena, y una lista interminable de infracciones penales, que la Corte Constitucional ejerza el control de constitucionalidad.

Creo que en realidad no tenemos nada de que sorprendernos, esto es otra de las herencias del populismo político con el que nos han gobernado durante décadas, y si miramos hacia atrás, no es la primera vez que nos pisotean de esta manera y lamentablemente no creo que sea la última.

Reforma económica y laboral…paquetazo?

Hace aproximadamente 6 meses el gobierno inició el análisis de las reformas laborales y tributarias que se alista a presentar ante la Asamblea Nacional ante la atenta mirada del Fondo Monetario Internacional que ha condicionado un nuevo desembolso al cumplimiento de duras metas económicas. Esto ha despertado la opinión pública que en realidad poco o nada sabe del asunto y que en general reprueba cualquier propuesta de ajuste económico porque sabe a injusticia frente al descalabro económico en el que nos dejó sumidos el despilfarro y la corrupción del socialismo del siglo 21.

Eso si, el rechazo no ha sido tan generalizado como en experiencias anteriores, de ahí que existe una necesidad política de la oposición de llamarlo “paquetazo” sin siquiera conocer aún la naturaleza y extensión de las medidas. 

Lo que sin duda rechazamos todos es la escasa reducción del gasto corriente frente al compromiso de bajar el déficit fiscal en medio de un alto endeudamiento público y un deteriorado mercado laboral, lo que al final del día se siente como un incumplimento.

En medio de todo esto la discusión gira alrededor de aumentar impuestos, eliminar exenciones tributarias o reducir subsidios, pese a que se aseguró -entre otras cosas- que el IVA no se incrementaría, lo que se siente como una mentira. 

Finalmente en lo laboral se anunció la reforma de la jornada laboral de 40 horas semanales, la eliminación del recargo en los contratos eventuales y la creación de un régimen especial para el emprendimiento, lo que simplemente suena a demagogia. En lo personal, no estoy de acuerdo con ningún sacrificio mas al bolsillo del pueblo. Que sean los corruptos quienes devuelvan lo saqueado, que sea el obeso aparato estatal quien se ajuste, que se incentive el emprendimiento ordenado, la minería responsable, la agricultura sostenible y se garantice la seguridad jurídica para atraer a la inversión extranjera.

Prisión preventiva: crimen y castigo

Siempre que una persona es declarada inocente y recupera su libertad al final de un proceso penal dentro del que había sido privada de la misma bajo el régimen de la prisión preventiva surge una interrogante de elemental justicia: ¿quién le devuelve a esta persona el tiempo que estuvo privada de su libertad? 

Y es que semejante responsabilidad -la de imponer una medida restrictiva de la libertad- no debería administrarse a la ligera; lamentablemente la realidad de nuestro sistema penal es proporcionalmente inversa a lo imperioso de esta necesidad. 

Así, vemos a diario cómo se ha institucionalizado en el país un sistema perverso de persecución cuando se priva temporalmente de su libertad a personas mediante ordenes de detención con falsos fines investigativos, fingiendo flagrancias inexistentes para dar lugar al inicio de la instrucción fiscal apuradamente y a escondidas de las partes, y en ese mismo acto se impone la tan abusada prisión preventiva para asegurar y extender en el tiempo la privación de libertad que se había logrado fraudulentamente hasta ese momento de forma temporal. Todo esto con la complicidad de los mal llamados jueces de garantías penales, quienes muchas veces lo único que garantizan es la impunidad de estos verdaderos -secuestros judiciales- en muchos casos auspiciados por la opinión pública manipulada a través de los medios de comunicación. 

Cierto es que han de implementarse medidas que garanticen que los responsables por un acto criminal respondan ante la justicia, y que entre éstas la prisión preventiva aparece como la medida más eficaz. 

De hecho la privación de libertad es suficiente garantía de permanencia en el proceso (lo que contrasta con su excepcionalidad que es tal porque grava un derecho humano: la libertad y se impone frente a una garantía del debido proceso: la presunción de inocencia); sin embargo el Estado históricamente nos ha quedado debiendo en su obligación de asegurarse que las condiciones en las que esta medida se cumple no sean inhumanas, de tal forma que no se transforme en un castigo, en una suerte de pena anticipada, cuando la máxima incólume es y debe ser siempre la presunción de inocencia.

Exijamos que el Estado comience por aceptar la realidad: nuestro sistema carcelario es inhumano, el sistema procesal penal es herramienta de persecución y la libertad y la vida son pisoteados a diario. Solo cuando se haya aceptado esta realidad podrán producirse los tan anhelados cambios.